La política está sintiendo los daños colaterales de la suspensión de las elecciones provinciales. Y eso abarca a todos los candidatos de todos los signos políticos. En tiempos de elevada inflación, escaso crédito y deudas crecientes, los postulantes están disputando una verdadera carrera de resistencia. Las finanzas públicas no están del todo bien como parece. Y de eso no se salva ni el Poder Ejecutivo, ni la Legislatura, mucho menos los intendentes. 

La apuesta ha sido tan fuerte que ahora están analizando estrategias de financiamiento para llegar hasta el nuevo turno electoral. Será tal vez dentro de un mes y los funcionarios tendrán que hacer piruetas no sólo para pagar los salarios a los estatales, sino también conseguir el financiamiento para abonar el medio aguinaldo, en medio de la puja salarial por el incesante incremento de los precios. 

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El primer cuatrimestre consumió casi la mitad de la inflación que el Estado (en todos sus niveles) proyectó para todo este año electoral. El 32% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el período enero a abril es como ese fantasma que alimenta el miedo a que el poder adquisitivo siga bajando y a la reapertura repentina de paritarias que acompañen el ritmo de los precios. 

Faltan ocho meses para cerrar este 2023 que no vaticina más que ajustes hacia el final del camino, cuando la política acomode sus nuevas autoridades y todos, siempre todos porque esa es la condición ineludible, deban pagar los costos políticos de medidas impopulares.

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Los papeles de colores mueven papeles en blanco y negro. En la carrera de resistencia hay dirigentes que ya pidieron reserva de turnos en las imprentas para que salgan, como pan caliente, las nuevas boletas para el cuarto oscuro. Sólo resta que se confirme la fecha. Pero la pelea por ese trámite es incesante. Cuenta la leyenda que hubo casos en los que los mismos oficialistas no permitían que sus contrincantes internos encuentren un negocio que les provea esos votos. 

Casi en tiempo límite, y antes que se conozca la suspendió de las elecciones de este domingo, los apoderados de acoples del Frente de Todos tuvieron que conseguir teléfonos de imprenteros de Santiago del Estero, Catamarca o Salta para gestionar las boletas. Eso sí, el costo difería tanto como el pago que hacían los dirigentes del mismo espacio para boicotear a su rival de turno. Ese es un “lujo” que no podrán darse en el futuro inmediato. A veces para un peronista no hay nada mejor que otro peronista…

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Los ojos de los oficialistas miran distintos la figura del gobernador Juan Manzur. Con el diario del lunes, varios de ellos lo señalan como el responsable de no activar el aparato electoral o del freno que tuvo que hacer por la resistencia opositora a su candidatura. Sin embargo, pocos se atreven a cuestionarlo abiertamente. Hay memoria selectiva. Por casi ocho años, el mandatario los contuvo política y financieramente. Pero el peronismo tiene esas cosas. Saben perfectamente cuál es la parrilla que huele a asado y cuál es la que está perdiendo fuerza, porque se le apaga el fuego de las decisiones que se toman sin discusión.

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Las pujas internas también se evidencian en la oposición. Algunas coaliciones con menos espalda financiera están tratando de sobrevivir electoralmente por la prolongación de la campaña. No hay cómo abastecer a los punteros, mucho menos fidelizar a los fiscales de mesa. Potencialmente, todos apelan al corazón, a pata y pulmón como se dice en la calle. Sucede que la impresión de un millón de votos vale la friolera de $ 6 millones. Con suerte, y apelando a la “caridad” del pequeño empresario que –como favor- puede disimular el impacto inflacionario, ese trabajo puede costar $ 4 millones. No pueden anticipar consumo, para evitar aquel efecto inflacionario, sencillamente porque no está la fecha exacta de la nueva convocatoria.

Qué pasa en Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio la diáspora se alimenta a medida que se acaba el combustible. Nadie asegura que los “padrinos” nacionales sostendrán el financiamiento de la campaña en Tucumán. Al desprenderse del lote de cinco provincias que van a las urnas este domingo, la exposición del sexto distrito electoral más importante de la Argentina se relativiza. La preocupación se evidencia en aquellos intendentes que dependen del financiamiento oficial. Este mes la Provincia evidenció un problema de liquidez más que de solvencia fiscal. La primera quincena no se destaca por tener una caja fortalecida. Así y todo, el Poder Ejecutivo debía hacer las previsiones financieras para pagar los sueldos antes de los comicios. Paralelamente, requirió fondos para atender a los municipios. Éstos sintieron el impacto: el Ministerio de Economía giró el dinero en tres cuotas, desde el  viernes hasta el mismo martes que se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la cautelar interpuesta por el Partido de la Justicia Social (PJS). Si los intendentes que responden a la Casa de Gobierno están inquietos, ¿cómo estarán Alejandro Molinuevo (Concepción), Sebastián Salazar (Bella Vista), Mariano Campero (Yerba Buena) y el propio Germán Alfaro?

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¿Qué pasaría si las elecciones son convocadas para el 4 o el 11 de junio como estima el Ejecutivo? Nadie lo sabe. Sin embargo, hay indicios. Al menos en este tiempo, la reapertura de las paritarias será una constante. Nadie aguanta una inflación del 8% mensual. En la Provincia intentará aplacar los ánimos estatales ofreciendo un adelantamiento de la recomposición prevista para julio y que, curiosamente, es el mismo porcentaje del índice nacional: 8%. El pago del aguinaldo es el largo plazo. Ni la Provincia, ni los municipios se atreven a anunciar un anticipo en su liquidación, con la coparticipación federal de impuestos en el tobogán.

Las urgencias institucionales de hoy pueden ser los contratiempos electorales de mañana. Y eso es aplicable a todos los estamentos del Estado. De allí el perjuicio general de la suspensión eleccionaria. Hoy es más una carrera de resistencia para sobrevivir en la memoria del votante.